La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se encuentra bajo una creciente presión institucional y pública ante el caso CAME, una de las Sociedades Financieras Populares más grandes del país que hoy agoniza entre pérdidas millonarias, vaciamiento interno y el colapso de su estructura operativa.
Lo que parecía una alerta regulatoria más, ha escalado hasta convertirse en una crisis que expone, con crudeza, la fragilidad del sistema de supervisión financiera en México.
La falta de transparencia de CAME no es un hecho nuevo. La entidad dejó de presentar información financiera desde finales de 2022. Sin embargo, durante meses, continuó operando con normalidad, captando recursos del público y aumentando su base de ahorradores. La pregunta inevitable es: ¿por qué la CNBV permitió que una entidad sin reportes vigentes siguiera funcionando sin consecuencias inmediatas? La omisión de la supervisión en las primeras etapas del deterioro resulta tan preocupante como los propios números de la Sofipo.
La gravedad del caso no deja espacio para evasivas. En este escenario, los reflectores apuntan inevitablemente hacia quienes tienen la responsabilidad legal de garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo. En particular, el área de normatividad, encabezada por Aurora Cervantes Martínez, está llamada a responder. Su función no es solo técnica, sino estratégica: actualizar, aplicar y vigilar los marcos regulatorios para que casos como este no escalen hasta el borde de la quiebra institucional.
Durante su gestión como vicepresidenta de Normatividad de la CNBV, las unidades administrativas adscritas a su vicepresidencia se han caracterizado por un evidente relajamiento en los controles para la revisión del origen de los recursos, en los procesos de autorización de cambios en el control accionario, así como en la constitución de nuevas entidades financieras. Esto ha dado lugar a la proliferación de intermediarios cuyo capital de origen se desconoce, y sobre los cuales no existe claridad respecto a si realmente proviene de fuentes lícitas ni si cumplen cabalmente con los requerimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
No parece coincidencia que este relajamiento regulatorio coincida con la presencia del despacho jurídico de su amigo cercano, Sandro García Rojas, exvicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV, quien actualmente enfrenta diversas carpetas de investigación abiertas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Llama la atención que las entidades que han contado con el acompañamiento de García Rojas han tenido procesos de autorización notoriamente ágiles y favorables.
Lo que está ocurriendo en CAME no es solamente la historia de una Sofipo que fracasó. Es un caso que debería escandalizar a quienes aún creen en la solidez del sistema de ahorro popular. La CNBV tiene la facultad —y la obligación— de intervenir a tiempo. No puede haber excusas cuando las señales de alerta fueron visibles, cuantificables y persistentes.
Los datos son demoledores. En un año, CAME pasó de tener activos por 6,082 millones de pesos a solo 3,160 millones. Las pérdidas se multiplicaron, pasando de 532 millones a 2,648 millones. El número de sucursales se desplomó de 294 a apenas 51. Su nivel de capitalización, que aún era del 141% en 2023, se volvió negativo en 2024. Y, aun así, el número de ahorradores creció a 1.37 millones.
Más personas confiaron en una institución que, en los hechos, ya estaba cayendo.
Se habla ya de delitos financieros, de retiro de recursos por parte de accionistas bajo el disfraz de gasto operativo, y de la ausencia total de voluntad para recapitalizar. Y aunque el vicepresidente de Supervisión evalúa la revocación de la autorización para operar, es evidente que el daño ya está hecho.
Ahora la discusión no es si intervenir o no, sino por qué no se actuó antes.
La CNBV, encabezada por el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, ha sostenido un discurso de “cero tolerancia” frente a irregularidades. Pero los discursos no bastan cuando más de un millón de ahorradores quedan expuestos por omisiones estructurales. El Fondo de Protección —que cubre hasta 25,000 UDIS por persona— no compensa el daño reputacional, ni restaura la confianza.
Lo que está en juego con CAME va más allá de los balances o las cifras. Está en juego la credibilidad de la supervisión financiera en México, el liderazgo técnico de quienes la encabezan, y la confianza de una base social que deposita, literalmente, su ahorro de vida en estas instituciones.
