La abogada Ana Katiria “N”, quien hasta hace unos meses encabezaba un prestigioso despacho legal en la Ciudad de México, enfrenta graves señalamientos por presuntamente encabezar una red de extorsión y corrupción al interior de la Fiscalía de la CDMX.
Las indagatorias revelan un modus operandi sistemático: fabricar denuncias, manipular peritajes y orquestar campañas de desprestigio contra los supuestos denunciados, todo en confabulación con funcionarios judiciales.
La abogada habría emigrado a Madrid en 2024, tras recibir las primeras denuncias, y desde entonces ha abandonado casos de divorcio y custodia de menores, dejando a sus clientas en incertidumbre legal.
Según las víctimas, la abogada exigía pensiones alimenticias que oscilaban entre un millón y un millón y medio de pesos mensuales, alegando violencia familiar y abuso sexual de los menores—acusaciones que se sustentaban en pruebas periciales falsas y en el testimonio manipulado de los mismos niños.
Las denuncias formales CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/00609/02; CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/04559/11-2023 y CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/00220/01-2024 documentan conexiones entre Ana Katiria “N”, ministerios públicos, peritos y psicólogos coludidos. Estas indagatorias exponen cómo la red confeccionaba expedientes completos con peritajes irregulares, falsificaciones de documentos y testimonios coercitivos, a fin de influir en las decisiones judiciales.
Las claves de su caso:
Ana Katiria “N” impulsó un proceso por abuso sexual contra Guillermo Sesma, su primo, mismo que perdió en primera y segunda instancia. Los tribunales determinaron que los dictámenes periciales fueron fabricados y contravenían protocolos internacionales, evidenciando el mismo patrón de extorsión aplicado a sus ex clientas.
Hay al menos tres casos en los que menores han permanecido más de un año alejados de sus familias bajo acusaciones falsas. Otras siete carpetas de investigación muestran hechos similares de manipulación y extorsión en divorcios.
Las denunciantes, en su mayoría mujeres con litigios de divorcio contra empresarios, han quedado atrapadas en procesos con demandas millonarias e irregularidades administrativas. Además de las cuantiosas compensaciones solicitadas, al menos 10 familias han sufrido desgaste emocional y económico.
La Fiscalía de la CDMX investiga ahora a varios servidores públicos y a la propia abogada, quien permanece en España. Sin embargo, la emisión y ejecución de una ficha roja de Interpol para su localización aún no se ha concretado.
