Con la finalidad de garantizar que la maternidad nunca sea objeto de lucro, la diputada por Izcalli, Joanna Felipe Torres, presentó una iniciativa para establecer un marco jurídico local en materia de maternidad subrogada con fines comerciales, para prohibirla en el Estado de México y aplicar sanciones penales de hasta 6 años para quienes realicen o promuevan esta práctica.
“La prohibición de la maternidad subrogada comercial en el Estado de México no busca criminalizar la reproducción asistida, sino garantizar que ninguna mujer sea explotada como medio reproductivo y que los derechos de las niñas y niños prevalezcan sobre cualquier contrato civil o interés económico”, expuso.
Pues advirtió que el vacío normativo que existe en la entidad plantea riesgos serios como: contratos privados sin supervisión estatal que ponen en peligro el destino de niñas y niños antes de su nacimiento; mujeres gestantes en situaciones de vulnerabilidad jurídica y social; desigualdades estructurales y violencia contra las mujeres, al convertir el embarazo en un servicio.
“La gestación subrogada de tipo altruista no se está prohibiendo, únicamente la que tiene fines comerciales, como son empresas que se dedican a eso y buscan a mujeres vulnerables de comunidades marginadas que saben que van a aceptar con riesgos a su salud”, sentenció.
