Ex fiscal anticorrupción de Chihuahua será investigado por actos de tortura

El diario Excélsior dio a conocer que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex fiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo, la fiscalía a su cargo habría sido utilizada de forma facciosa por el entonces Gobernador, Javier Corral contra exfuncionarios y empresarios.

Medios nacionales han señalado que entre el 2017 y 2019 se habrían utilizado ministerios públicos, jueces y medios de comunicación locales para infundir terror entre exfuncionarios de la gestión de César Duarte y empresarios cercanos a su administración.

Las indagatorias realizadas por la FGR, apuntan que el modo de operar de González Arredondo consistía en amenazar con fincarles diversos delitos para que denunciaran supuestas actividades ilícitas del ex gobernador Duarte Jáquez.

Una de las víctimas, como lo señalan los funcionarios federales, fue ex director de Adquisiciones del Estado de Chihuahua en el gobierno de Duarte Jáquez, Antonio Tarín García a quién le liberaron ocho ordenes de aprehensión por el delito de peculado en 2017.

La presión ejercida por este proceso judicial, lo llevó a suicidarse el pasado 7 de abril del año en curso, al arrojarse de un puente vehicular del Periférico de la Juventud, a la altura de la calle Homero en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La evaluación y las declaraciones de algunos exfuncionarios del gobierno de Duarte Jáquez, señalan que sufrieron tortura psicológica por elementos del ministerio público y policía de investigación de la Fiscalía a cargo del ex fiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo para obligarlos a incriminarse de delitos que no cometieron.

Las investigaciones siguen y no se descarta que González Arredondo, quien salió recientemente del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán, pueda ser detenido nuevamente, como ocurrió con el ex secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, a quien se le acusó de uso ilegal de atribuciones y un desvío de 98 millones de pesos.